Aborto en España
| Aborto | Carmen Rodríguez
Convertirlo en un delito que lleve a las mujeres a la cárcel las coloca en situación de vulnerabilidad
Difíciles de entender, las decisiones políticas que conducen a la España de hoy hacia revivir una discusión que nunca tiene final feliz en torno al aborto. La interrupción del embarazo, con la consecuente muerte del embrión o del feto, es un acto francamente indeseable, ojalá no existiera; y en este sentido, lo deseable sería, sin lugar a dudas, un mundo en el que nunca una mujer se viera en la necesidad de interrumpir una gestación. Por desgracia, ese mundo ideal no existe y temo mucho que no existirá nunca, las personas no somos robots y, salvo que alcancemos la detestable organización social que plantea Huxley en su mundo feliz, el ser humano enfrentará situaciones dilemáticas como ésta en tanto lo siga siendo. En general, las democracias avanzadas europeas han procesado de forma adecuada el tema del aborto hace ya cerca de 30 años, arribando por distintas vías a la conclusión de la inutilidad de judicializar el tema dejándolo en el ámbito sanitario, del que por su naturaleza no se puede disecar; es decir, en términos concretos, hacer del aborto un delito que conduzca a las mujeres a la cárcel no previene la conducta que se pretende eliminar, solamente coloca a las mujeres en situación de vulnerabilidad frente a la clandestinidad, producto de las prohibiciones.
La Ciudad de México no considera el delito de aborto, por lo menos en las primeras fases del embarazo, articulando conductas preventivas, por supuesto ligadas al uso sistemático de métodos de control de la fertilidad; y el único producto evidente que tenemos hoy es la disminución de la muerte materna por esta causa en la capital de la República. El tema dejó de tener vigencia en los ámbitos policiacos y judiciales para trasladarse al sanitario, y es ahí donde debe permanecer. Por supuesto las tesis a favor y en contra son múltiples, tienen aristas insospechadas hasta el momento del diálogo, y frecuentemente se aprecian argumentos irreconciliables en la mesa; por supuesto, la responsabilidad del Estado es asegurarse del respeto hacia todas las posturas sin importar su origen, garantizando la salud e integridad de las mujeres.
Partiendo de un tema inagotable de polémicas filosóficas, motivo de enormes textos, en alguno de los cuales he participado, fuente de apasionamientos que frecuentemente resultan inútiles en el campo de la salud pública, considero un error mayúsculo que, en un país en plena crisis financiera como España, donde se levanta la desesperanza otra vez, un ministro de justicia (Alberto Ruiz-Gallardón) pretenda conducirlos a tal despeñadero, reviviendo lo que hace tantos años se había superado por la propia democracia de la hermana nación. Ojalá ese gobierno escuche a las primeras involucradas, las mujeres, y el señor Ruiz- Gallardón entienda que él nunca estará embarazado.