El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha publicado su Informe del Estado de la Población Mundial 2017. Una de sus conclusiones es que el embarazo adolescente es la principal causa de la pobreza de las latinoamericanas.
En el texto, titulado "Mundos aparte: La salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad" se indica que América Latina y el Caribe están en un punto intermedio en el cumplimiento de los indicadores de salud sexual y reproductiva. Los ejemplos más avanzados son la atención al parto por personas cualificadas (un 94% de los partos atendidos).
El informe global cruzó indicadores como los ingresos, la educación y el empleo con la planificación familiar y los derechos sexuales y reproductivos, señala que hay una relación directa entre la pobreza y el aumento de la tasa de fecundidad entre las jóvenes.
UNFPA denuncia que en nuestra región la brecha salarial de género (diferencia del salario entre mujeres y hombres) es directamente proporcional al número de embarazos adolescentes. Esta desigualdad es especialmente reseñable en Argentina Bolivia, Costa Rica, Colombia, Nicaragua y Perú.
En palabras de la propia ONU, el incremento de embarazos en niñas y jóvenes es “el mayor desafío para la región en términos de derechos sexuales y reproductivos", ya que sitúa a las mujeres en situación de desventaja social en todos los sentidos y les impide salir de la pobreza, que a la vez heredarán sus hijos/as. Se trata de un “círculo vicioso”.
Solo África supera los partos en Latinoamérica de jóvenes entre 15 a 19 años (64 por cada 1000 mujeres en esta franja de edad). El número de menores embarazadas es más alto en la población afrodescendiente e indígena, apuntó CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), el pasado julio.
Esteban Caballero, director en Latinoamérica de UNFPA ha manifestado que: "El embarazo adolescente es un fenómeno de la pobreza de América Latina, donde el peso de la inequidad es más contundente, porque es la región más desigual".
Según Caballero es un “ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza”. También destacó que la UNFPA está vigilando especialmente que, para romperlo, se mejore el cumplimiento de derechos sexuales y reproductivos en República Dominicana, Honduras, El Salvador y Guatemala (países con restricciones para el aborto).
Sobre el acceso a métodos anticonceptivos, el uso de contracepción es menor en las zonas rurales (un 67%) frente a las zonas urbanas (73%). De este modo, las mujeres más pobres y con menor escolarización, especialmente pertenecientes a zonas rurales, son más vulnerables a embarazos no deseados. Esto conlleva su salida del mercado laboral o jornadas de menos horas con la correspondiente reducción de los ingresos.
UNFPA reclama garantizar el acceso a los anticonceptivos de manera gratuita para que lleguen a las mujeres empobrecidas, especialmente a las que tienen varios factores de vulnerabilidad (desescolarizadas, jóvenes, mundo rural, desempleadas, etc.). Son las que más riesgo tienen de tener embarazos adolescentes y tempranos, en su mayoría embarazos no deseados (solo una quinta parte son planeados). De otro modo, la inequidad, la brecha de género y la pobreza, nunca se reducirá.
Así pues la ONU propone mayor cobertura de servicios de salud sexual y reproductiva, dando prioridad para la planificación familiar a las más pobres.
Además ha demandado que se les facilite otros programas de igualdad de género como el fomento de la conciliación personal, familiar y laboral mediante servicios de cuidado infantil y atención a la salud materna y prenatal para que las mujeres puedan permanecer o incorporarse a los estudios y el mercado laboral.
