Hace diez años se creó el anexo 13 del Presupuesto de la Federación para fomentar la igualdad. La Cámara de Diputados asigna desde 2008 recursos contra la violencia de género o para derechos básicos como la salud de las mujeres, vivienda o participación económica, en cumplimiento de la Ley de Igualdad.
Durante una reunión entre diputadas e integrantes del Frente Feminista Nacional, denunciaron la necesidad de mejorar la distribución de los recursos puesto que no se han cerrado las brechas de género.
Muchos de los fondos de esta partida se destinan a otras causas no relacionadas con la igualdad. Así, se han incorporado programas en este Anexo 13 como el de guardería que debería ser un derecho social y no una acción positiva. Del mismo modo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, también recibe parte de su presupuesto del Anexo 13.
Según la investigación “Evolución del presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres”, del Instituto Belisario Domínguez, el Anexo de igualdad ha ido en aumento. No obstante, solo supone un 0,6% del gasto neto total, se han eliminado programas y otros no tienen indicadores de impacto.
La diputada Plascencia Pacheco advirtió que, mientras se desvían recursos de igualdad para programas no relacionados, los destinados a erradicar la violencia de género apenas alcanzan el 10%.
Aunque el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación de 2018 prevé cerca de 28.000 millones de pesos para el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, tomando el aumento de precios en relación al año anterior, esto supone solo un 2%. Además, como apunta la diputada Hortensia Aragón, el Anexo 13 no está cumpliendo su sentido original, “compensar la falta de perspectiva de género” en el resto del Presupuesto.
La Coalición por la Salud de las Mujeres también ha denunciado deficiencias en dicho presupuesto en cuanto a la salud sexual de las mujeres.
Exigen que la Secretaría de Salud Federal no transfiera el 4,49% del gasto de salud a los 32 servicios de salud de cada entidad, el 4,20% del Seguro Popular y el 4% de las acciones de atención del VIH a mujeres.
Estas fuentes de financiación son imprescindibles para que las mujeres acudan a los centros donde reciben antirretrovirales y son informadas de otros derechos sexuales y reproductivos en terreno (por ejemplo, programas de prevención y acceso a métodos anticonceptivos).
Porque también se propone reducir hasta un 5,17% la promoción, prevención y atención de la salud sexual y reproductiva. Este recurso, que se distribuye entre varios programas de salud, atiende programas de anticoncepción y planificación familiar, salud sexual y reproductiva para adolescentes, salud materna, prevención de violencia de género, control de cáncer de mama y cáncer de cérvix, etc.
La reducción de estos presupuestos afecta especialmente a mujeres de bajos recursos, como mujeres indígenas, transgénero, con discapacidad y migrantes.
La Coalición por la Salud de las Mujeres se suma a la propuesta elaborada por la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados que solicitaba el aumento de los presupuestos para salud sexual y reproductiva y VIH en mujeres. Solicitan mayor transparencia y que se identifique a dónde se destina exactamente el dinero de cada programa y cómo se gestiona en cada nivel, respetando la gestión solidaria y no transferida del Estado en materia de salud.
Otro ejemplo de falta de transparencia en la comprobación del gasto es la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente. El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir denunció que en 2015 y 2016 no hubo cauces para monitorear a qué se destinaba el presupuesto, si bien si se pudo observar que muchos de los comprobantes no correspondían con atención directa a la población destinataria.
