En los últimos meses se han vivido acontecimientos clave para los derechos de las mujeres. El 2014 se va a cerrar con avances y retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos de las latinoamericanas. Queremos hacer un breve repaso por la situación de tres de los países que han atravesado una situación más convulsa. Precisamente por el proceso en el cual están sometidos, ya están experimentando cambios en su legislación en materia de aborto o se espera que así sea.
República Dominicana
El caso más positivo lo tenemos en República Dominicana. El pasado 28 de Noviembre, Danilo Medina, su presidente, promulgó una Ley sobre el Código Penal. En ella se añadían excepciones para no contemplar como delito el aborto en los casos en los que hubiera riesgo para la vida de la madre. También habló sobre la necesidad de promulgar una Ley en la que se modificaran los supuestos de violación, incesto o malformaciones del feto, casos en los que sigue siendo delito abortar. Es decir, siguen contemplados en el Código Penal. No obstante, debido a las fuertes críticas y manifestaciones de los sectores religiosos más conservadores y a la proximidad de elecciones, es posible que no cumpla con su promesa de despenalizar esos casos de la interrupción voluntaria del embarazo. Y todo a pesar de que su argumentación basada en derechos humanos internacionales y constitucionales fue irrebatible.
El Salvador
La legislación actual considera el aborto como delito en todos los supuestos, incluso en aquellos en los que se practica por riesgo para la salud de la madre o del feto. Así, actualmente 17 mujeres (#Las 17 de El Salvador) están en la cárcel injustamente y se enfrentan a 40 años de prisión. Sus historias son desgarradoras. Entre ellas la mayoría no quería abortar voluntariamente sino que se vio obligada a ello por las circunstancias médicas. Algunas sufrieron violaciones, la mayoría no tenía medios para defenderse y todas han sido víctimas de un sistema injusto. En este país ya no se trata de ampliar a un número de semanas los casos en los que se puede abortar (aprobar una “Ley de Plazos”) o sacar el aborto del código penal. Están en una lucha anterior muy básica, que es incluir al menos el supuesto de daño físico para la salud o peligro grave para la vida de la madre. El apoyo internacional que están recibiendo estás mujeres ha sido insuficiente para mover al gobierno a cambiar su ley, por lo que desde allí se sigue pidiendo toda la ayuda posible.
Ecuador
El presidente Salvador Correa ha nombrado presidenta del ENIPLA (Estrategia Nacional de Planificación Familiar y Prevención de Embarazo Adolescente) a Mónica Hernández, conocida militante anti-elección del Opus Dei. Sus ideales anti-derechos, su oposición al aborto y a cualquier manifestación de una sexualidad libre, hacen prever un retroceso en las políticas sobre derechos sexuales y reproductivos. Activistas de asociaciones de mujeres, pro derechos humanos y su apoyo internacional, ya se han movilizado para recoger firmas y no son pocos los manifiestos que tildan al presidente de misógino, conservador y machista, incluso entre aquellos que antes gozaban de su simpatía.
2014, un año duro para los derechos de las mujeres en Latinoamérica
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Derechos sexuales y reproductivos