Manifestantes derecho al Aborto
La México City Policy (Política de la Ciudad de México, por ser el lugar donde se anunció hace 30 años) ha vuelto a ser adoptada en Estados Unidos. También se denomina, en especial por quienes la critican, “Global Gag Rule” (Ley de la Mordaza Global). Se trata de una normativa del gobierno de los Estados Unidos que establece que todas las ONG a las que destinan fondos no pueden realizar o promocionar servicios de aborto en otros países. Tampoco pueden ofrecer orientación, informar sobre interrupción legal del embarazo o, por ejemplo, defender legislaciones o servicios médicos menos restrictivos con el aborto. Ni siquiera si usan sus propios fondos y el dinero estadounidense se usase para otros fines.
Dicha política es muy polémica para los diferentes gobiernos, siendo habitual que se mantenga durante los gobiernos republicanos y se derogue durante los demócratas. Así, fue adoptada por Reagan y Bush y cancelada por Clinton y Obama. Este mismo 23 de enero de 2017 el presidente Donald Trump ha vuelto a instaurarla de nuevo.
AWID (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo) realizó en 2006 un estudio sobre los fondos para los derechos de las mujeres. Concluyó que esta política, además de violar dichos derechos y afectarnos especialmente, también perjudicaba la libertad de asociación y de expresión, así como la capacidad para fortalecer procesos democráticos. Otro estudio de la Universidad de Stanford manifestó que en el África Subsahariana, como consecuencia de las entidades afectadas por el Global Gag, la pérdida de financiación de la USAID (Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional) hizo duplicar las tasas de aborto.
En América Latina y el Caribe, entre 2010 y 2014, según el Instituto Guttmacher, se realizaron 6,5 millones de abortos inducidos cada año, estimándose en más de 2.000 las mujeres que mueren por abortos inseguros. De los 22 millones de abortos inseguros que se calcula se producen en el mundo, se cree que 4 millones pertenecen a la región de América Latina, según datos del Colegio de México.
La organización Marie Stopes ya se ha pronunciado en contra de la medida de Donald Trump. Sin otra financiación, la pérdida de fondos para sus servicios de aborto de 2017 a 2020 podría suponer más de 6,5 millones de embarazos no deseados, 2,1 millones de abortos inseguros y 21 mil 700 muertes maternas.
Por otro lado, son muchas las organizaciones que se verían perjudicadas en su trabajo por otros derechos sexuales y reproductivos, como el acceso a métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. La ley mordaza también reducirá los fondos para anticonceptivos, contracepción de emergencia, planificación familiar, tratamiento del VIH-SIDA, etc. Estas medidas afectan mayoritariamente a África y a América Latina.
Diversas entidades han reseñado que, aunque esta política ya existía, Trump ha expandido la norma para que alcance a todos los fondos destinados a la salud en general. También afectará a organizaciones que atiendan a la infancia, luchen contra el ZIKA, etc. “Este cambio hará que la nueva versión de la política sea quince veces más atroz que la de Reagan (…) es una manera de coartar las decisiones y autonomía de miles de mujeres, restringiendo el acceso a otros servicios de salud, así como el acceso a información y servicios de aborto seguro”, manifestaron representantes Balance, entidad de defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
