Fue víctima de violación a manos de un familiar de 17 años. Ocho meses después, sin saber que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo, acudió al hospital y fue denunciada a las autoridades por el personal de salud. La acusaban de homicidio doloso y pedía 3 años de cárcel para ella con una compensación económica para su violador.
El caso de Esmeralda refleja todas las violencias que atraviesan las mujeres en México.
Después de una negociación con el Gobierno federal y la Fiscalía se desistió de la acusación contra ella y se retiraron todos los cargos, pero durante un año las autoridades convirtieron en un infierno su vida. No la cuidaron antes, durante ni después.
Esmeralda sufrió violencia institucional desde el momento en que no tuvo acceso a una buena defensa jurídica que atendieron su caso desde los prejuicios.
El trato que recibió Esmeralda es el mismo al que se enfrentan miles de mujeres cuando acuden a las autoridades. Un trato que demuestra que el machismo va más allá de una conducta.
Desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ninguna mujer puede ser criminalizada en México por abortar, sin embargo, casi la mitad de los Estados todavía mantiene el delito de aborto dentro de sus códigos penales.
