Las clínicas ofrecen servicios esenciales, como las pastillas anticonceptivas, los parches, el implante y el DIU, con bajos costos, pero tener esta variedad resulta cada vez más difícil, especialmente en los estados rurales del sur como Mississippi y Texas.
La mayoría de las mujeres son afroamericanas que viven en el umbral de la pobreza o por debajo de él y que carecen de acceso a una atención sanitaria primaria.
En Mississippi, es común que las mujeres que buscan una clínica viajen horas para conseguir una cita.
Los mandatos federales obligan a los estados a ofrecer a los beneficiarios de acceso a los anticonceptivos, pero cada estado determina qué tipos están cubiertos.
Cumplir los requisitos para recibirlos sigue siendo un obstáculo importante; por ejemplo, Mississippi restringe a las mujeres solteras y no embarazadas que ganen menos de $20.000 anuales antes de impuestos.
Garantizar la disponibilidad inmediata de anticonceptivos durante las visitas de las pacientes es crucial. Si una clínica no puede proporcionar el método preferido de un paciente, éste no suele volver.
Este problema afecta especialmente a las personas con bajos ingresos que se enfrentan a dificultades como el cuidado de niños, el transporte y la necesidad de ausentarse del trabajo.
Se esperaba que cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobara la primera píldora anticonceptiva de venta libre en 2023, el costo de 20 dólares al mes ayudara. Pero las píldoras anticonceptivas de venta libre no han llegado a muchas mujeres de las zonas rurales.
Las clínicas comunitarias luchan con los costes mensuales para abastecerse de anticonceptivos y corren el riesgo de no recibir el reembolso.
Esta presión financiera provocó el cierre de muchas clínicas, ejerciendo una inmensa fuerza sobre las que quedan.
Texas promulgó una política que descalificaba a cualquier clínica asociada con un proveedor de abortos para recibir subvenciones, lo que provocó el cierre de una cuarta parte de las clínicas de planificación familiar.
En Mississippi, el estado con las tasas más altas de nacimientos prematuros y de adolescentes y la segunda tasa más alta de mortalidad materna del país, la subvención no es suficiente para cubrir la atención de esos pacientes, ya que los hospitales han cerrado o están significativamente en números rojos en cuanto a la atención de pacientes.
