Un proyecto de ley prevé que tanto la mujer que aborte después de la vigésima segunda semana, como el médico encargado del mismo, puedan ser condenados hasta 20 años de prisión, incluso si el embarazo es fruto de una violación.
La movilización feminista ha servido para visibilizar el aumento de violencia contra las mujeres brasileñas. Reveló que en 2023 creció un 6,5% el número de violaciones, hasta un máximo histórico de 83.988 casos, lo que equivale a una violación cada seis minutos.
Todos los indicadores de violencia contra las mujeres aumentaron, entre ellos el asesinato y el acoso sexual.
Los ataques contra los derechos de las mujeres brasileñas vienen de lejos. La amenaza contra los derechos de las mujeres es previa a la existencia del bolsonarismo. Los efectos todavía se perciben por el empeoramiento generalizado del derecho al aborto legal. Aunque el aborto en Brasil no es legal, está permitido en tres situaciones:
- Violación
- Acefalía del feto
- Para salvar la vida de la mujer.
Interferencias ilegales
La revuelta feminista ha puesto en el centro de la diana la actuación del Consejo Federal de Medicina de Brasil. Esta organización profesional, creada para velar por la excelencia médica, prohibió la utilización de la asistolia fetal, recomendada por la OMS para la interrupción del embarazo. El CFM no solo excede sus competencias legales, sino que no renueva su licencia a los profesionales que practican el aborto legal.
De momento, el movimiento feminista ha conseguido una victoria temporal importante. No solo se ha retrasado la votación del proyecto de ley, sino que se ha forzado la creación de una comisión para modificar el contenido del mismo. A su vez, la opinión pública empieza a moverse hacia posiciones menos conservadoras.
Pero la batalla del aborto está lejos de haber concluido en Brasil. La extrema derecha, aireando una de sus guerras culturales predilectas, ha registrado en el Parlamento veinte nuevos proyectos de ley contra el aborto desde el escándalo del Proyecto de Ley de la Violación.
